El Gobierno Nacional, incumpliendo la decision expresada en la consulta popular efectuada en la ciudad de Cuenca el 7 de febrero de 2021 —en la que la ciudadanía resolvió con más del 80% de los votos negar la explotación minera en Quimsacocha, e ignorando las resoluciones judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Azuay y de la Corte Constitucional—, emitió una licencia ambiental para la explotación minera en dicho territorio.