CIUDAD, HÁBITAT Y VIVIENDA

La ciudad es el espacio urbano de convivencia caracterizado por su densidad poblacional. El proceso de urbanización creciente es un fenómeno mundial y las ciudades se han estructurado al tenor del crecimiento económico, los circuitos de comercialización, las oportunidades laborales, los mejores servicios en comparación con el área rural, entre otros factores. En los últimos cincuenta años la población, que era mayoritariamente rural, ha cambiado y ahora es fundamentalmente urbana: de un total de 16.776.977 de habitantes el 20175, la población urbana representa el 63,7%, siendo esta una tendencia creciente.

En la actualidad existen en el Ecuador ciudades pequeñas, medianas y grandes, incluso cuenta con dos distritos metropolitanos. Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido una adecuada planificación. Todas ellas se fueron haciendo con la fuerza de los hechos, en medio de la informalidad.

Los procesos especulativos han concentrado la propiedad de tierras aptas para crecimiento urbano y construcción. El 40% de la población total vive en viviendas precarias o en condiciones de hacinamiento y sin vivienda. El encarecimiento del suelo excluye el acceso a familias de bajos ingresos y dificulta a potenciales programas de vivienda social.

En los últimos 7 años, más de 130.000 familias han accedido a su primera vivienda a través de créditos del BIESS y la banca privada, que han promovido una considerable oferta inmobiliaria de nuevos conjuntos y urbanizaciones, especialmente en ciudades medianas y grandes. Sin embargo, prevalece la exclusión y se siente con mayor fuerza en barrios y comunidades de menores ingresos.

La bonanza económica especialmente de los años 2010-2014, desarrolló barrios exclusivos cerrados y grandes edificios en zona privilegiadas, financiados en su mayor parte con el BIESS. Mientras que los espacios comunales y públicos son relegados a los peores sitios, lo mismo ocurre con los equipamientos.

El crecimiento urbano no han respetado zonas de reserva ecológica ni suelos de vocación agrícola, incluso se ha ocupado zonas de alto riesgo, laderas y rellenos. La falta de reglamentación y el incumplimiento de normas vigentes permiten que persistan el tráfico de tierras, el desorden y el mercado informal.

La instrumentación de los Planes de Ordenamiento Territorial, obligatorios para los municipios, carecen de asesoría técnica y recursos especialmente en municipios pequeños, lo que genera estructuras urbanas con dificultades para obtener servicios básicos. Una de cada 4 familias viven en precariedad y quienes carecen de vivienda suman cerca de 700.000 núcleos familiares.

Imaginar nuestras ciudades, es imaginar el bienestar de sus ciudadanos, la seguridad, la inclusión, la tolerancia, la hospitalidad, la eliminación de la pobreza extrema, la salud, la educación, los parques, ciudades que piensen en la gente, en los espacios vitales de la comunidad, en los espacios recreacionales y deportivos.

Nuestro hábitat se encuentra amenazado por la contaminación, la polución, donde se privilegia el cemento a la naturaleza. Si las ciudades son los principales hábitats de la población, hay que asegurar la construcción planificada de espacios donde compartimos nuestra existencia con familiares, vecinos y amigos, donde satisfacemos nuestras necesidades, donde realizamos nuestras actividades comerciales, culturales, educativas, deportivas, recreacionales.

El derecho de toda persona a disponer de una vivienda digna es la obligación del Estado y municipios. El desarrollo de programas de vivienda social es una prioridad que contribuye a la erradicación de la pobreza. Fortaleceremos líneas de crédito hipotecario de bajo interés y plazos de 25 años en la Banca pública y privada, para la vivienda social con líneas de crédito preferentes para promotores privados que inviertan en este segmento. Impulsaremos proyectos de vivienda para los sectores que no la han podido acceder a ella. Proyectos habitacionales para las parejas jóvenes, recuperando el medio ambiente y promoviendo la construcción de espacios de convivencia ciudadana en armonía con la naturaleza.

Es necesario enfrentar el desordenado crecimiento urbano y promover grandes proyectos inmobiliarios de vivienda de calidad, en armonía con la naturaleza, con iniciativas productivas y de co-gestión empresarial. Ciudades inteligentes que contribuyan a la movilidad, políticas claras de descontaminación de las ciudades que fomenten la recuperación del aire puro y de espacios verdes, recuperación de ríos. Ciudades que garanticen servicios básicos y de calidad, agua potable y alcantarillado.

Hacia nuevos modelos de ciudad y de vivienda

El Sistema de Incentivos a la Vivienda, SIV, es la política de mayor alcance en la última década, centrada especialmente en la entrega de bonos de vivienda. Esta gran inversión generó resultados pobres como certifican las estadísticas recopiladas en el informe de Ecuador para EL HABITAT III, realizado en Quito el 2016. Fue un reparto clientelar especialmente en zonas sin servicios básicos, el aporte de 5000 dólares permitió construcciones de mala calidad que luego de un par de años pasaban a ser parte de la gran precariedad.

Otro proyecto fue el instrumentado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, BEV, en el año 2010 para construir 10.000 viviendas nuevas en 22 programas, con el sistema de Ahorro + Incentivo + Crédito. Fue el programa de mayores resultados, salvo por la decisión de eliminar al BEV y trasladar la competencia al Banco del Estado, que en 5 años no ha generado un solo resultado.

En el 2014 se crea la Empresa Pública de Hábitat y Vivienda, con el fin de aprovechar predios públicos aptos para programas de vivienda social. Luego de tres años los resultados son insuficientes.

El reciente plan “Casa para Todos”, es una apuesta a los quintiles más bajos de la población, aspira atender a 325.000 familias.

Los proyectos de vivienda deben contar con tres actores; el Estado, el promotor inmobiliario y el beneficiario. El Estado y la banca pública generan incentivos y preferencias para beneficiarios con un mapa territorial previo, debidamente estudiado; el promotor inmobiliario aporta con la tierra y el proyecto, ajustado a parámetros del mapa territorial de necesidades y oportunidades, y recibe líneas de crédito preferencial para la inversión; y el beneficiario y la comunidad, que actúa en el marco proporcional a su situación económica y social, recibe el incentivo, aporta con ahorro inicial y amortización mensual, acorde a sus ingresos. Los sectores de extrema pobreza se acogen también al modelo con mayores subsidios.

Construiremos ciudades que se gobiernen democráticamente, con una sociedad civil activa, productiva, tolerante, inclusiva, segura y solidaria, con oportunidades y derechos para todos. Ciudades que superen la segregación, que reduzcan cada día la desigualdad, con mecanismos de conectividad e intercambio de ideas, con puertas abiertas a la información y transparencia. Ciudades sustentables, que enfrenten creativamente los efectos del cambio climático, que reduzcan agresivamente las emisiones de gases y riesgos, con ágil movilidad y sistemas de transporte masivo y no contaminante.

Ciudades del futuro, productivas, que fortalezcan sus unidades y empresas, que disminuyan el subempleo y desempleo, donde la juventud tenga condiciones para la especialización económica, con infraestructura pública y privada que promuevan el desarrollo productivo y la especialidad continua del talento humano.

Ciudades descentralizadas, con equidad territorial, donde el derecho a la ciudad no sea un privilegio, y donde la agenda pública se construya desde los ciudadanos.