VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

La política de vialidad y transporte público tiene que ser coherente con los elementos conceptuales y prácticos del régimen descentralizado de transporte y movilidad. Por ello, se plantea la adopción de la política pública de movilidad como directriz en los planes de desarrollo nacional y municipal.

Tanto la definición de la política pública para la movilidad sustentable, como los elementos filosóficos en su descripción, colocan al ser humano como eje central de la política de movilidad sustentable.

Al 2030, todos los sistemas de transporte tendrán una articulación sistémica y organizada. Significa que los diferentes modos de transporte, a pesar de la condición que a cada uno de ellos le impone la economía en términos de su sostenibilidad financiera, deberá ser complementario con los otros, de tal forma que le permita a los ciudadanos el disfrute de ellos asegurándole a este último el alcance de cualquier destino con facilidad económica y confort.

Se impulsará un criterio de continuidad de la política de movilidad, el medio ambiente, el territorio (infraestructura, equipamientos, espacio público y vivienda) y los modos de transporte, que permita a todos los agentes y ciudadanos, disfrutar de una movilidad que perdure en largo plazo, adaptando sus requerimientos con el crecimiento económico y las condiciones mínimas de dignidad y confort para los usuarios.

La declaración de la Política Pública de Movilidad Sustentable se reconoce como un ejercicio de gobernanza en el marco de la institucionalidad dentro del Estado de Derecho. Los conceptos que nutren la política de movilidad y transporte, se dan en el marco del respeto por el ser humano y la preocupación por su bienestar, reconociéndolo como depositario final de la política de movilidad sustentable, en armonía con la naturaleza y con todas las otras formas de vida.

El estado procurará la integración de todos los modos de transporte. Se priorizará el Sistema Público de Transporte Masivo de personas y carga, sobre otros modos de transporte, teniendo en cuenta que éste es movilidad para todos. El SPTM será la columna vertebral del eje de transporte, garantizando la infraestructura para la accesibilidad peatonal y la articulación de los diferentes modos, incluido el privado y alternativo. Se Racionalizará el uso del vehículo particular mediante estrategias dirigidas al aumento de la ocupación vehicular y al manejo de la demanda de viajes en este tipo de vehículo.

Para el año 2030 el Ecuador habrá impulsado políticas de reemplazo de motores de combustión interna por vehículos eléctricos e híbridos, y se establecerá un costo adicional a la gasolina para crear un fondo de mitigación del calentamiento global. Esta política reducirá los subsidios a los combustibles.

Integración modal: Se articularán los modos de transporte para facilitar el acceso, la cobertura y la complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural, regional y nacional, en este sentido el SPTM deberá considerar la integración con un potencial sistema de cable áereo y sistema de vías peatonales.

Se mejorará drásticamente la calidad del transporte público, no sólo por su impacto en la calidad de vida de sus usuarios sino como única solución viable para resolver el problema de la congestión. Mejorar la calidad del servicio público de transporte implica mejorar su velocidad, regularidad y confort, pero también la accesibilidad y especialmente las condiciones de los intercambios mediante centros de transferencia de mayor aptitud.

Todos los parqueaderos de las ciudades, con licencia expedida por los entes del Estado, deberán destinar el 10% de su capacidad para atender bicicletas.

Toda Motocicleta deberá garantizar en la revisión técnica y mecánica un nivel de ruido que no supere los decibeles establecidos legalmente. La autoridad de transporte en compañía de los organismos de tránsito, policía de carreteras y agentes de tránsito, ejercerá controles permanentes sobre el transporte informal.

Se implementará la cátedra de “Movilidad Inteligente” en todas las instituciones de educación primaria y secundaria, con la articulación en el currículo de cada institución. Los efectos negativos relacionados con la movilidad generan costos sociales que deberán ser asumidos por el actor causante. Los currículos de las escuelas y/o Colegios Oficiales de la Región metropolitana incluirán la formación sobre conciencia ciudadana y movilidad, desde prekinder.

Se asegurará la modernización permanente de la infraestructura de apoyo vial, la red de semaforización, los orillados, señaléctica, etc. Se privilegiará las inversiones que tienen impactos integradores en la relación economía-movilidad, el uso de las TIC y las redes de telecomunicaciones que impactan de manera positiva la movilidad.

Se desarrollará el sistema de información y la plataforma tecnológica necesaria para la gestión entre los actores y los componentes de la vialidad y transporte público. Se unificarán los conceptos y la toma de medidas permanentes de los indicadores definidos por la Autoridad Nacional de Movilidad enfocada en resultados.

Toda Infraestructura construida deberá incluir como prioridad aquellos elementos para el servicio a las personas, especialmente en condiciones de discapacitados o en sus roles de peatones y ciclistas, articulándola a espacios públicos que permitan prácticas de vida saludable. La infraestructura construida, incluirá desde el diseño los elementos necesarios para garantizar el acceso a bienes y/o servicios de personas con discapacidad y movilidad reducida. Se exigirá a los constructores diseños que incluyan soluciones de vivienda con servicios financieros, mercados, diversión y servicios públicos, con el propósito de generar centralidades y reducir la movilidad.

Se fomentará el uso masivo de bicicletas y medios alternativos de transporte, con especial énfasis en las ciudades intermedias, para desarrollar culturas alternativas de movilidad y medio ambiente.