TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La corrupción entendida como la transgresión de principios éticos y la violación del ordenamiento legal, atenta contra los derechos fundamentales, porque socaba el progreso, degrada las instituciones, se apropia dolosamente de la riqueza y la renta del país, atenta contra el bienestar de la población, retarda la eliminación de la pobreza, sacrifica la cobertura eficiente de la salud y la educación, quebranta el estado de derecho, corrompe los procesos políticos y refuerza las injusticias.

En la última década hemos sufrido el más alto grado de corrupción, la concentración de todos los poderes del Estado en un solo partido y en una sola figura, provocó el debilitamiento de las instituciones, sacrificó la democracia, generó una desconfianza profunda en las instituciones, por los insólitos actos de corrupción que han trastocado los valores de ciudadanía, dejando un sentimiento de angustia, decepción y falta de credibilidad. Altos funcionarios del gobierno anterior se encuentran detenidos y cumpliendo ya una sentencia, incluido el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas y varios ministros4.

Las entidades de control se encuentran emitiendo informes con indicios de responsabilidad penal en contratos suscritos, delincuencia organizada, concusión, tráfico de influencias, entre otros presuntos delitos, en cuya trama estuvo involucrado Carlos Polit, ex Contralor en el período 2007-2017.

La impunidad lleva a que se perpetúe la corrupción, por eso es clave luchar en contra de la impunidad, con leyes y normas, aplicando convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (Objetivo 16), y otros Acuerdos bilaterales y regionales. Sin embargo, sus tentáculos rebasan el ordenamiento jurídico y las fronteras con la progresiva evasión tributaria con depósitos de dineros mal habidos en paraísos fiscales.

Es inaplazable un compromiso ético y moral de los gobernantes y el apoyo de la ciudadanía, tal como se expresó el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 4 de febrero del 2018. La transparencia tiene que ver con la democracia, que significa mayor participación ciudadana en todas las instancias y en todos los procesos de la gestión pública y privada.

 

El combate al comportamiento ante ético e inmoral de los sectores público y privado debe institucionalizarse mediante la adopción de una cultura de cero tolerancia a la corrupción en todos los espacios públicos y privados, para garantizar la paz, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y sostenible de sus habitantes.

Cero corrupción, una estrategia de paz y prosperidad

La lucha contra la corrupción debe ser un objetivo permanente del Estado, pero es un esfuerzo que supera las fronteras nacionales y debe ser un compromiso internacional. Tenemos la urgencia de contar con un sistema de administración pública y privada con transparencia y con cero tolerancia a la corrupción.

Nuestra estrategia se basa en la ética y en la dignidad. El principio de nuestra propuesta parte del concepto de “cero corrupción”, como realización plena de la democracia, que garantice el desarrollo económico y social, que elimine la pobreza extrema, que impulse la seguridad humana, la construcción de un país justo, equitativo, que fortalezca la prosperidad de nuestra economía y el acceso a la justicia plena, que impulse la prevención y la identificación de alertas temprana sobre indicios de corrupción para la actuación inmediata.

Nos proponemos reducir substancialmente la corrupción, manteniendo el principio de “0” tolerancia, contando con un sistema nacional anticorrupción e impunidad, con un sistema de Control Público autónomo e independiente de sus funciones.

Las instituciones públicas deben contar con procedimientos para garantizar la seguridad jurídica y administrativa de sus decisiones, para prevenir el desempeño anómalo del servidor público, contando con protocolos en el proceso de control y fiscalización de la contratación pública, garantizando la alternabilidad de autoridades políticas, la libertad de opinión y de información.

Es necesario instituciones de control y judiciales con altos niveles de eficacia, responsables y transparentes, apoyadas en una eficiente coordinación interinstitucional con todas las entidades de Estado y el sector privado, a fin de medir los avances de comportamiento ético de combate a la corrupción y rendición de cuentas.

Aspiramos a crear y validar mecanismos óptimos de investigación de conductas corruptas o presuntos hechos de corrupción en sus diferentes manifestaciones, para el inmediato seguimiento, la disuasión de conductas negativas y la adopción de respuestas inmediatas, adecuadas y medidas preventivas, con responsabilidad de los diferentes estamentos públicos, privados, políticos y de la sociedad civil, promoviendo las mejores prácticas a nivel nacional y local.

Fortalecer el Sistema de Transparencia contra la Corrupción y la Impunidad, que fomente la cooperación transparente, el establecimiento mecanismos de control, con indicadores de medición, con manejo pleno de nuevas tecnologías de la información y amplia accesibilidad a nivel nacional y mundial, asegurando el apoyo y la participación de la ciudadanía, actores políticos, organismos públicos, academia y organismos de investigación.

Impulsar un modelo emblemático de “0” corrupción y transparencia eficaz, transformando nuestro marco normativo nacional, modificando las normas penales y de contratación pública, garantizando la cooperación interinstitucional, para la prevención e eliminación de la corrupción.

Debemos construir ciudadanía, una cultura de responsabilidad social e individual, con transparencia y respeto mutuo, impulsando educación y campañas ciudadanas “2030” vinculadas a la lucha contra la corrupción, inculcando valores, ética, honestidad y transparencia.

Vamos a impulsar cambios radicales, integrales y complementarios, creando un nuevo sistema público-privado, constructivo, innovador, ético y transparente de gestión del Estado, aprovechando los avances científicos y tecnológicos, promoviendo los principios cívicos, éticos y morales del bienestar común.