SISTEMA DE JUSTICIA INDEPENDIENTE

Vivimos en la región más desigual y violenta del mundo. Los problemas de la inseguridad, la violencia y la criminalidad golpean a nuestros países. Es indispensable para la democracia, contar con un sistema de justicia independiente, que se desprenda de la “metida de mano” del gobierno correista, que recupere la construcción de un Estado de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

Una justicia independiente es imprescindible para la democracia, porque protege a la sociedad del abuso del poder –público o privado- y soluciona los conflictos sociales e individuales. Por tanto, la justicia debe ser equilibrada y racional para superar la simple venganza. Debe ser capaz de conciliar el poder punitivo del Estado con los derechos y garantías de las personas, eliminar las arbitrariedades tanto de impunidad- como de represión, y generar confianza.

Debe generar con sus fallos la tranquilidad de la colectividad, la justicia tiene que preocuparse fundamentalmente de recuperar la armonía y la paz social, no agudizar el conflicto y menos aún provocar dolor a la población. Justicia no es ni puede ser sinónimo de juzgador, porque su función no es únicamente la imposición de una pena, sino solucionar un conflicto y brindar una salida justa a los problemas que se presentan en la sociedad.

La justicia debe ubicar al ser humano en el centro. El debido proceso y los derechos no son parte de una política constitucional neutra, al contrario, son un límite al poder en beneficio de la ciudadanía, y también una frontera de actuación judicial con una clara opción por los más vulnerables. La justicia, con sus fallos, debe abonar a la eliminación de la conflictividad y la violencia, entendiendo que la cárcel no es su único instrumento para imponer una pena.

La justicia debe estar a la altura de los sueños de la gente. Una que no le tema al poder ni al poderoso, que sea independiente, autónoma, renovada permanentemente, y respetuosa de los derechos de la ciudadanía.

Para asegurar la pluralidad política y legitimidad, el sistema de justicia debe renovarse a través de concursos públicos en varias fuentes de designación: la academia, la carrera judicial y el libre ejercicio, con auspicio de la sociedad civil, que incluya la paridad de género y la interculturalidad. Su renovación deberá ser parcial y periódica.

Las facultades jurisdiccionales de los operadores de justicia y la inviolabilidad de sus decisiones por órganos ajenos de carácter administrativo, bajo figuras como el “error inexcusable”, que se han convertido en instrumentos para la manipulación del sistema y para la instauración de modelos de control de jueces, fiscales y defensores públicos.

Crearemos un sistema permanente de veeduría ciudadana a la gestión judicial. Consideramos fundamental procesar, con el apoyo de jurados públicos, los casos en los que se persigan delitos por el manejo o usurpación de dineros de la sociedad. La persecución y sanción de la corrupción será una de las grandes prioridades del sistema de justicia.

Formaremos una Escuela Judicial que capacite y evalúe técnicamente el desempeño de los funcionarios judiciales, así como se implementen técnica e independientemente las carreras jurisdiccional, fiscal y de defensoría.

En consecuencia con la existencia de una pluralidad jurídica en nuestra sociedad, debemos fomentar el desarrollo propio de las diversas formas de justicia que se practican en las comunidades, pueblos y nacionalidades. Hay que desarrollar la interpretación intercultural en las sentencias, autos y fallos de la justicia ordinaria. Es necesario espacios institucionales del Estado para apoyar al seguimiento, ejecución y evaluación de las sanciones determinadas en la justicia indígena.

Es necesario un claro mandato para defender la vida de las mujeres y fomentar la erradicación de toda forma de violencia en su contra, garantizando la reparación integral de las víctimas y procesos ágiles y expeditos, que no sacrifiquen el debido proceso. Las mujeres que han sido por muchos años víctimas de violencia física o sexual, deben contar con investigaciones especializadas.

Debemos construir un sistema de justicia acorde a nuestras culturas y procesos sociales. Por ejemplo, es necesario garantizar los derechos humanos de los pacientes y personas con cualquier enfermedad.

El abuso de la prisión preventiva ha incrementado exorbitantemente el número de privados de libertad, por lo tanto se deben impulsar veedurías y vigilancia especializada de las unidades de flagrancia. No es más segura una sociedad que más encarcele, pues las sociedades que más lo hacen generalmente están sometidas a espirales de violencia e inseguridad permanentes.

Impulsaremos una política de rehabilitación social integral, educación, recreación, arte, deporte, trabajo como lineamientos de rehabilitación y reinserción en la sociedad, con centros que respondan a dichas condiciones, que cumplan con la protección de derechos humanos, garantizando la existencia de jueces especializados, el uso privilegiado de medidas socio educativas en justicia juvenil, la priorización de dispositivos electrónicos para grupos humanos con doble y triple vulnerabilidad.