MOVILIDAD HUMANA, MIGRACIONES Y REFUGIO

El mundo entero se encuentra atravesando una crisis migratoria, que es a su vez una crisis humanitaria, una crisis que pone en cuestión a la humanidad entera. Miles de niños y niñas en busca de sus padres hacen unas peregrinaciones inconfesables por la conocida “ruta de la muerte” para intentar llegar a Estados Unidos. Oleadas de migrantes golpean las puertas y/o las rejas de Europa, dejando a su paso una estela de dolor y de muerte. Desde todos los rincones del mundo la población se moviliza buscando mejorar sus condiciones de vida y la mayoría de las veces su éxodo es difícil, traumático o de terror.

Históricamente debemos afirmar que somos un producto de las olas migratorias, que nuestra historia es la historia de las migraciones y viceversa. Ecuador es, en ese sentido, un país de recepción y tránsito de población en condiciones de movilidad: refugiados, solicitantes de refugio, migrantes económicos (generalmente indocumentados). Entre ellos, empezaron a viajar con intensidad inusitada ciudadanos cubanos y venezolanos. Leímos con asombro las rutas más escabrosas que hacían desde El Caribe, hasta llegar a nuestro país.

Esa misma tragedia la vivimos en carne propia, a raíz del feriado bancario del año 1999, cuando expulsamos a miles de hermanos ecuatorianos, hacia lugares insospechados, principalmente Europa y Estados Unidos, sufriendo todo tipo de afectaciones a sus derechos humanos en países lejanos y en el más absoluto abandono.

En los dos últimos años alrededor de USD 6.100 millones recibió el Ecuador por concepto de remesas que enviaron los emigrantes residentes en Estados Unidos, España, Italia y otros países. Esa cantidad representó un aumento del 9,7% con relación al 2015, de acuerdo con el último informe publicado por el Banco Central del Ecuador. Ese comportamiento modifica la tendencia porque en el 2015 la cantidad de remesas disminuyó al comparar con lo ocurrido en el 2014. El descenso en ese caso fue del 3,4% al pasar de USD 2 461,7 millones a USD 2 377,8 millones.

Estos antecedentes históricos nos deben llevar adelante una política migratoria de nuevo tipo, profundamente humanitaria, que sea ejemplo ético tanto en la atención a migrantes y solicitantes de refugio en nuestro país, como en la atención consular a nuestros compatriotas en el exterior. El sentido humano fundamental de las relaciones internacionales deberá ser la atención a nuestros migrantes.

En consonancia con los acuerdos internacionales, la Declaración de Cartagena y el Plan de Acción de Brasil, de los cuales el Ecuador es parte suscriptora, impulsaremos una política pública de sólidos compromisos humanitarios con la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, proporcionando marcos jurídicos adecuados y fomentando en la región pasos similares, para fortalecer la protección y el acceso a la justicia de este sector de alta vulnerabilidad.

Hemos avanzado mucho con nuestros principios constitucionales, los postulados de la eliminación progresiva de la condición de extranjero, así como el acceso a la justicia y los derechos humanos de las personas en movilidad humana. Pero es indispensable que se traduzcan en políticas visibles para atender procesos emergentes, que obligan a acelerar y facilitar trámites de regularización migratoria, en consecuencia con nuestros principios constitucionales.

Proponemos el impulso de una política internacional que fomente la solidaridad institucional entre los estados, para atender los procesos migratorios bajo condiciones de dignidad, seguridad y sostenibilidad.

Será necesario sensibilizar a generaciones presentes y futuras para que sean los protagonistas principales y garantes para una adecuada, digna y justa integración de los inmigrantes, siendo promotores de una convivencia entre nacionales e inmigrantes que permitan un trabajo conjunto para la materialización de sus derechos humanos.

La Movilidad Humana será una política de Estado, para lo cual será necesario fortalecer estructuras institucionales ágiles que garanticen el cumplimiento de las normas nacionales y de los instrumentos internacionales, que fomenten el desarrollo de nuestros migrantes, el crédito, la educación, los servicios básicos, creando un verdadero Plan Retorno.